Empeñados en justificar desalojos violentos
El análisis de riesgo de la PNC en el Polochic
El análisis de riesgo de la PNC en el Polochic
La Policía Nacional Civil -PNC- se estaría preparando para un desalojo violento en tres comunidades Maya Q´eqchi del Valle del Polochic. En un documento enviado al jefe de la Sección de Operaciones de la Sub-estación 51 de Cobán, Alta Verapaz se trata de justificar de que la población que habita en las comunidades Bella Flor, Paraná y Tinajas son peligrosos. Esto podría justificar desalojos violentos en los próximos días rompiendo con el proceso de negociación y diálogo que las familias llevan con la institucionalidad agraria del Gobierno. Por otro lado, estas acciones podrían revivir hechos atroces del pasado.
De acuerdo con el oficio número 18-2016 de la Comisaría 51, Sub-estación 51 de la Policía Nacional Civil –PNC- de Cobán Alta Verapaz, el 12 de enero de 2016 se practicó un “análisis de riesgo”, en las comunidades campesinas Q´eqchi, Bella Flor, Paraná y Tinajas ubicadas en el Valle del Polochic.
En su informe la PNC dice que la población de estas comunidades son “usurpadores e invasores”. Y que de acuerdo a opiniones de “vecinos de Panzós dichos invasores se encuentran preparados para defenderse con armas de fuego, machetes, palos y piedras, y que los usurpadores no temen de enfrentarse porque han pertenecido a las filas del ejército y guerrillas”.
Lo señalado en el informe de la PNC criminaliza a la población de esas comunidades y trata de justificar la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado (PNC y el Ejército), en un desalojo violento a gran escala que puede ser fatal para niños, mujeres y ancianos que habitan en el lugar.
Cabe resaltar que las familias campesinas de esas comunidades ya fueron desalojadas violentamente en marzo de 2011, en donde perdieron su casa, sus cosechas, utensilios de cocina y herramientas de trabajo. En esos desalojos también fue asesinado Antonio Beb Ac, fue arrestado Manuel Xuc. Y posteriormente fueron asesinados Oscar Reyes y Margarita Chub Ché.
Las atrocidades que vivieron estas familias les valió para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgara Medidas Cautelares que hasta la fecha ha incumplido el Gobierno.
De acuerdo con líderes de las comunidades en donde la PNC practicó su análisis, “ellos regresaron a las tierras de donde fueron desalojados, como medida de presión al Gobierno que no ha cumplido su promesa de entregar tierra a las 800 familias desalojadas y que gozan de Medidas Cautelares”. Cabe recordar que solamente 210 familias han accesado a la tierra vía el Fondo de Tierras.
Espacio de negociación y diálogo
Las familias campesinas desalojadas en marzo de 2011 en el Valle del Polochic se han mantenido en diálogo con el Fondo de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios para abordar el tema de acceso a tierra. Y con la institucionalidad de Gobierno, mandatada, para dar cumplimiento a las Medidas Cautelares recomendadas por la CIDH.
Las familias campesinas desalojadas en marzo de 2011 en el Valle del Polochic se han mantenido en diálogo con el Fondo de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios para abordar el tema de acceso a tierra. Y con la institucionalidad de Gobierno, mandatada, para dar cumplimiento a las Medidas Cautelares recomendadas por la CIDH.
En relación a esto, se conoció que a finales del año pasado, la Empresa Chabil Utzaj envió al Fontierras una carta de oferta para la venta de las tierras de la comunidad Paraná lo que hace suponer que existe un espacio de negociación y diálogo entre personeros de Chabil Utzaj y líderes comunitarios. Inclusive, ambas partes tienen programada una reunión para el 21 de enero de 2016 en la sede de Fontierras.
Sin embargo, los líderes comunitarios dicen que no pueden confiarse de este espacio de diálogo porque recuerdan que un día antes de iniciar los desalojos violentos de 2011 estuvieron en una mesa de diálogo en la Secretaría de Asuntos Agrarios para accesar a la tierra legalmente, pero esos acuerdos no se cumplieron porque el Estado mismo judicializó el caso al ordenar los desalojos.
El riesgo de cometer los mismos errores
Para no cometer los mismos errores de 2011, la PNC debe incluir en su investigación o “análisis de riesgo”, que las familias campesinas a las que ellos llaman “invasores” están participando en espacios de negociación y diálogo para accesar de manera legal a la tierra, y que se corre el riesgo de romper con ese proceso legal y legítimo.
Para no cometer los mismos errores de 2011, la PNC debe incluir en su investigación o “análisis de riesgo”, que las familias campesinas a las que ellos llaman “invasores” están participando en espacios de negociación y diálogo para accesar de manera legal a la tierra, y que se corre el riesgo de romper con ese proceso legal y legítimo.
En los antecedentes del análisis de riesgo, a la PNC se le olvidó aclarar que las personas que han resultado asesinadas o heridas en desalojos anteriores son campesinos o miembros de la población organizada que reclama sus derechos y no miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Por otro lado no se tienen registros de que miembros de las comunidades campesinas que gozan de Medidas Cautelares hayan actuado en contra de la PNC. El monitoreo de medios que se realizó para constatar este dato pone en duda lo afirmado por la PNC cuando en su informe dice que durante los desalojos “han habido destrozos en la sede policial”.
En conclusión, lo que refleja el informe de la PNC, es una clara criminalización de las comunidades del Valle del Polochic, desalojadas violentamente en marzo de 2011 y se pretende justificar desalojos violentos en el futuro. De hecho, extraoficialmente se sabe que hay una orden de desalojo que podría llevarse a cabo el próximo 23 de enero de 2016.
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