Virgilio Álvarez Aragón:Arturo Taracena y el genocidio


Siglo XXI 1 de mayo 2013

El debate que el juicio por genocidio se ha abierto en la sociedad ha convocado a personas de distintos sectores y formaciones a emitir su opinión. La condena de los acusados es algo que compete a los jueces y aún luego de emitida, su ratificación será responsabilidad de las Cortes. Lo que podemos hacer los ciudadanos, en consecuencia, es emitir opinión sobre los hechos y su caracterización, demandando, como ya lo ha hecho Marta Yolanda en este mismo Siglo.21, que el debate sea de ideas y opiniones, sin caer en el abismo de la descalificación agresiva y las amenazas apenas veladas. En la democracia es dable y hasta necesaria la confrontación de las ideas y de las posiciones, lo que, como bien reclama Richard Aitkenhead (elPeriódico 29/04), no tiene por qué conducir a descalificaciones. 

El debate teórico e ideológico es en consecuencia necesario, asumiendo, claro está, que la ideología es, como pedagógicamente la define Edelberto Torres-Rivas (elPeriódico 28/04), “un sistema integrado de ideas con capacidad explicativa” y no un simple atado de “prejuicios y sospechas, fanatismo e ignorancias básicas, odios, miedos, todos componentes para conformar una visión simplista y maniquea de la sociedad”. Por ello, y considerando que lo que Arturo Taracena expresa sobre el comunicado “traicionar la paz y dividir a Guatemala” vale la pena ser difundido, con su autorización, comparto con los lectores parte del mismo:

“La lógica del manifiesto firmado en su gran mayoría por exfuncionarios panistas parte de tres puntos: 1) No existió genocidio en Guatemala; 2) Afirmarlo y procesar a dos militares por ello puede conllevar a una confrontación mayor y 3) Quienes sostienen lo contrario, no aman a su país; ergo, son malos guatemaltecos. Uno podría pensar que si bien están en contra de que se acuse a Ríos Montt y a Rodríguez de genocidio por improcedente, dado que suponen que sería acusarlos de algo que no se dio, sí se podría llevarlos a los tribunales por crímenes de lesa humanidad. No es así en la medida en que el argumento de fondo parte de que no hay que tocar al Ejército, porque ello provocaría una confrontación social y dividiría a la sociedad. Aún más, el que no se hable de genocidio también tiene un argumento si lo relacionamos con las causas que tal osadía conllevaría: el que los indígenas actúen de forma revanchista”. 

“Aunque hablan afirmándose como ciudadanos, los firmantes no reparan necesariamente en la necesidad prioritaria de resarcir a las víctimas del conflicto, sean estas indígenas o ladinas, o en resarcir históricamente a los pueblos indígenas que siguen esperando gestos políticos de parte del Estado guatemalteco. (...) Para ellos, el mal padecido durante 34 años de guerra es secundario frente a lo que puede venir si se juzga a estos altos oficiales; una amenaza que, convertida en chantaje, indirectamente sirvió de pretexto para que la jueza Flores suspendiera el juicio. Ahora se nos ejecuta, pero de forma administrativa”.

“En pocas palabras, los ciudadanos firmantes tienen que saber que la cuestión del genocidio depende, indudablemente, de la definición y de los hechos. De la manera en que se entienda el concepto “genocidio”, pero también de la forma en que abordemos la historia reciente de Guatemala y de que miremos la situación de los derechos humanos en el mundo contemporáneo. Y, es en estos dos últimos puntos en los que ellos no actúan con pleno criterio ciudadano. En aras de mantener el statu quo, son insensibles al costo social que el Ejército provocó entre la población indígena del altiplano y, en aras de entender su comportamiento como patriótico, no se dan cuenta de que la Humanidad y la política internacional nos exige a los guatemaltecos que la impunidad y los crímenes de lesa humanidad –incluido el genocidio– cometidos en nuestro país sean juzgados y sentenciados; que los guatemaltecos seamos capaces de asumir nuestra dolorosa historia. Solo así Guatemala superará su propia memoria y entrará en el camino de la construcción de la democracia, que ellos consideran representar privilegiadamente como políticos que han sido. Se olvidan de que ciudadanos somos todos, sin que hayamos figurado en la política nacional y que esas personas que han ido a contar sus testimonios, lo han hecho no manipuladas sino como ciudadanos y ciudadanas”.

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